El partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con las FARC, denunció este miércoles "graves retrocesos" en la implementación del pacto firmado con el Estado en 2016, tras la entrada en vigor de dos decretos que modifican la estructura de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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La agrupación política, conformada por excombatientes de las FARC, rechazó en un comunicado la expedición de los decretos 019 y 020 de 2026, al considerar que introducen cambios en el esquema de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz.

Según Comunes, "dichas normas modifican de manera unilateral el modelo de protección, debilitan las garantías pactadas y ponen en riesgo la vida de excombatientes, al eliminar el carácter especializado del esquema sin concertación ni verificación".

El partido sostuvo que estas decisiones desconocen compromisos adquiridos por el Estado y abren la puerta a una implementación "fragmentada y regresiva" del acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.

Los decretos a los que hace referencia Comunes, firmados el pasado 15 de enero por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Hacienda, Germán Ávila, modifican la estructura de la UNP y el esquema de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz, al integrar la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección dentro de una estructura general del organismo, según pudo constatar EFE.

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La denuncia de Comunes se conoce horas después de que la Contraloría presentara un informe de 160 páginas en el que advierte un alto riesgo de incumplimiento en la reparación de las víctimas de esa guerrilla, al concluir que los bienes entregados por las extintas FARC no son ni el 10 % de lo prometido en el acuerdo.

Según la Contraloría, la antigua guerrilla había informado de dinero en efectivo, oro, ganado y otros bienes para indemnizar a las víctimas, pero la monetización ha sido muy inferior a lo esperado.

En ese sentido, el tribunal de cuentas señaló que las FARC se comprometieron a entregar $12.070 millones, de los cuales solo han aportado $2.114 millones.

Asimismo, la guerrilla manifestó que entregaría 440.020 gramos de oro, de los cuales el Estado recibió 252.500, mientras que de las 24.456 reses reportadas solo fueron entregadas 1.830.

En cuanto a los inmuebles, la Contraloría explicó que el desmovilizado grupo armado registró 722 unidades, de las cuales el Estado solo recibió una.

EFE